El 1 de abril la ley de inclusión laboral cumplió 3 años de vigencia, por lo que es un buen momento para realizar un breve balance de lo que ha sido este período. 

De acuerdo a los datos entregados por la Dirección del Trabajo (DT), 26.475 personas con discapacidad  han sido contratadas bajo esta normativa. 

Esta cifra se traduce en 4.608 empresas que no sólo han contratado a personas con discapacidad, sino que también han realizado importantes esfuerzos por avanzar hacia una cultura organizacional inclusiva, de acuerdo a los compromisos internacionales asumidos por Chile.

Recordemos que el año 2008, nuestro país ratificó la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad (CDPD) y su respectivo protocolo facultativo, adquiriendo el compromiso de incorporar en nuestra normativa un enfoque de derechos.

La promulgación de la Ley 21015 también ha permitido que muchas fundaciones puedan proveer los apoyos y guiar los ajustes que las empresas necesitan, para realizar inclusiones laborales efectivas y sostenibles en el tiempo.

 En el caso de Fundación ConTrabajo, hemos intervenido como socios estratégicos de la empresa en 100 inclusiones de personas con discapacidad intelectual. Cada vez, hemos corroborado que los apoyos que brindamos, en la forma de un equipo multidisciplinario y la gestión de facilitadores laborales, son lo que permiten una inclusión efectiva y sostenible en el tiempo..

 El resultado de estas intervenciones no sólo modifica la cultura, dando paso a organizaciones más inclusivas, sino que permite que personas con discapacidad y, muchas veces sus cuidadores, puedan acceder al mundo del trabajo, a beneficios sociales y a una mejor calidad de vida gracias al o los nuevos ingresos del hogar.

Por otro lado, es importante reconocer que, al cumplirse un año de la pandemia COVID-19, el Estado ha incluido a la población con discapacidad en el diseño de sus políticas para enfrentar la crisis sanitaria. Se consideró su participación laboral  en la Ley de Protección del Empleo y el Ingreso Mínimo de Emergencia, medidas que buscan incentivar el retorno al empleo y aumentar las tasas de contratación bajo la Ley 21.015.

Si bien la ley de inclusión laboral nos ha permitido dar importantes pasos, es fundamental seguir avanzando en su efectivo cumplimiento y en el desarrollo de un sistema social de garantía de derechos, particularmente en el avance de un sistema de educación inclusiva que no segregue a personas con discapacidad.

 Las próximas elecciones de constituyentes, nos permiten  apreciar un número nunca antes visto de candidatos con discapacidad, dándole visibilidad al colectivo, que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Discapacidad del año 2015, constituye el 20% de la población del país.

Por esto es que el reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad, se ha instalado como uno de los planteamientos que más veces se repite entre los candidatos, debido a que somos unos de los pocos países en la región-junto a Uruguay y Haití- que no consagramos este reconocimiento en la Constitución.