Es hora de poner
el punto sobre la “i”

En Chile, las personas con discapacidad no tienen los mismos derechos que las demás. Niños y niñas con discapacidad aún son rechazados en establecimientos educacionales en razón de su condición, no existe ni siquiera una escuela para personas sordas por región, las mujeres con discapacidad sufren más violencia sexual y se les realizan menos controles y exámenes médicos, entre otros muchos ejemplos.

La OMS establece que las personas con discapacidad representan el 15% de la población mundial y que constituyen el mayor grupo en situación de vulnerabilidad y presentan mayores tasas de pobreza, menores tasas de participación económica, menores tasas de empleo, peores resultados sanitarios y educacionales y están más expuestas a la violencia.

Además, reciben una peor calidad de servicios sociales y sanitarios; tienen mayores barreras de participación, son invisibilizadas en políticas públicas, existe escasa data sobre ellas que permita una adopción pertinente de medidas y son gravemente afectadas por prejuicios, actitudes negativas y exclusión.

En Chile, hoy contamos con 2 millones 800 mil personas con discapacidad, lo que equivale a un quinto de la población total (ENDISC, 2015). Similar a lo planteado por la OMS, la mitad de estas personas se ubica en los dos quintiles de menores ingresos.

De cara al inminente proceso de redacción de una nueva Constitución para nuestro país, y a tres años de la puesta en marcha de la ley de inclusión laboral, es importante tener en consideración que Chile, Haití y Uruguay son los únicos países de Hispanoamérica que no tienen reconocimiento constitucional de personas con discapacidad. Peor aún, nuestra Constitución es la única que ni siquiera los nombra.

Nos importa el reconocimiento constitucional porque incluye una amplia gama de ámbitos, como cobertura de servicios sociales, lenguaje, educación, no discriminación o derecho al trabajo.

En países como Canadá, México, Reino Unido, Marruecos y Suiza no solo establecen el derecho a la igualdad del colectivo, sino que también adoptaron un lenguaje acorde a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, eliminando terminologías anticuadas y desajustadas al enfoque de derechos, como discapacitados o enfermos mentales.

Para dar reconocimiento constitucional a las personas con discapacidad es necesario que sean explícitamente mencionadas como población prioritaria en las cláusulas vinculadas a igualdad y antidiscriminación en la nueva Constitución.

De esta forma, se puede garantizar el ejercicio pleno de los derechos consagrados en la Carta Fundamental por todos y todas sin importar la condición de la persona.

Es hora de poner el punto sobre la “i”, la “i” de inclusión.