A tres años de la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Laboral, 26.475 personas con discapacidad cuentan hoy con un lugar donde trabajar. Al mismo tiempo, muchas empresas no sólo han contratado, sino que han hecho importantes esfuerzos por avanzar hacia una cultura organizacional inclusiva alineada con el respeto a los derechos fundamentales de este grupo de nuestra población.

Además, la Ley 21.015 ha permitido que muchas fundaciones puedan proveer apoyos de calidad a personas con discapacidad, sin los cuales su inclusión no habría sido exitosa y los mantendría fuera del sistema social a pesar de la ley. Es el caso de personas con discapacidad intelectual, que mediante el apoyo de facilitadores laborales han podido incorporarse al mundo del trabajo, a la red de protección social y formar parte de una comunidad que los valora.

Es digno de ser destacado además que, al cumplirse un año de la pandemia Covid-19, el Estado ha incluido a la población con discapacidad en el diseño de sus políticas para enfrentar la crisis sanitaria, con medidas como la Ley de Protección del Empleo, el Ingreso Mínimo de Emergencia o subsidios.

Creemos que estos elementos son frutos innegables de la ley, que adquieren mayor relevancia ante el debate constitucional que se avecina. Hoy, a raíz de las próximas elecciones de constituyentes, podemos apreciar un número nunca antes visto de candidatos con discapacidad que están dándole visibilidad a la situación de la población en situación de vulnerabilidad más grande del país (20 % según la última Encuesta Nacional de Discapacidad del 2015).

Sin duda, hay aspectos en los que mejorar en relación a la implementación de la Ley 21.015 y en el desarrollo de un sistema social de garantía de derechos, particularmente en el avance de un sistema de educación inclusiva que no segregue a personas con discapacidad y genere consecuencias de magnitudes incuantificables.

Nunca en la historia de nuestro país las personas con discapacidad habían sido vistas y reconocidas como lo son hoy. Todavía no podemos decir que es suficiente, pero es un signo de esperanza y el comienzo de un futuro mejor del cual somos todos responsables y ante el cual no podemos claudicar. Aprovechar el impulso de la Ley de Inclusión y avanzar hacia su reconocimiento constitucional como en todas las constituciones de Hispanoamérica será un paso fundamental.